La flamante Ley de Seguridad Vial pierde su superficial brillo cuando se analiza en profundidad. Al menos, desde la perspectiva de los conductores, para los que presenta, en determinados aspectos, más inconvenientes que beneficios.

Uno de los aspectos que, en apariencia, resulta más ventajoso para el infractor radica en el 50 por ciento de descuento del que puede beneficiarse siempre que pague en los 20 días siguientes a la formalización de la denuncia. Sin embargo, «hecha la ley, hecha la trampa»: si el conductor decide acogerse a este aparente beneficio, pierde el derecho a reclamar la sanción, lo que no ocurre con la actual ley, que fija el descuento en un 30 por ciento pero permite la presentación de recurso.

Pero hay todavía más peros a la nueva normativa: mientras que se amplían los plazos para que la Administración pueda perseguir el cobro de una multa, se reduce el periodo del que disponen los conductores para poder reclamar y, también, para pagar.

En la actualidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) o la institución que en cada caso corresponda dispone de un año para perseguir el pago de una multa desde el momento que adquiera validez administrativa. Con la nueva ley, este plazo se amplía en tres años más, con lo que las administraciones podrán perseguir el cobro durante los cuatro años siguientes a la infracción.

Otro de los artículos del nuevo marco normativo deja bien a las claras que el conductor deberá moverse con celeridad a la hora de presentar alegaciones o ejecutar el pago de la multa. Y es que, tras recibir la notificación, si el infractor ni alega ni paga en el plazo de un mes, ésta pasará a ser firme y podrá ejecutarse.

Excesos de velocidad

Con todo, hay un aspecto que permite entrever fines recaudatorios en la ley. En la actualidad, la DGT establece una escala de velocidad y sanciones que se verá endurecida. Así, circular, por ejemplo, a 151 kilómetros por hora supone, en la actualidad, una sanción económica de 100 euros, que se convertirán en 300 con la entrada en vigor de una modificación normativa que aún arroja sombras de duda en los conductores.

Fuente original: ABC.

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