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Vienen, toman el sol y, de paso, aprovechan para pasar por el quirófano. El llamado turismo sanitario se está convirtiendo en una práctica cada vez más común entre los visitantes que, cada año, llegan a la Costa del Sol a pasar sus vacaciones o largas estancias en sus segundas residencias. Miles de europeos aprovechan las bondades de la sanidad pública española para pasar por el quirófano y recibir prestaciones gratuitas que en su país tendrían que pagar, como prótesis de cadera y rodilla, operaciones coronarias y cataratas, las tres intervenciones más demandadas por el, a veces, denominado turista gorrón”.

“El asunto ha adquirido tales dimensiones que existen, incluso, agencias de viajes que han añadido a sus servicios este tipo de turismo. Les aconsejan, fundamentalmente, que se empadronen en algún municipio, con el fin de poder entrar en una lista de espera para una operación”. Hasta aquí la cita de un reportaje publicado en el Diario de Málaga el 3 de abril de 2006 y firmado por V. A. Parece ser que la ministra de Sanidad española no tiene conocimiento de este asunto o bien trata de ignorar algo que está en boca de toda la opinión pública española. A mi llamada de atención sobre este asunto en un programa de la cadena SER, la ministra de Sanidad fabricó un maniqueo y se lanzó contra él para desautorizar la propuesta y ridiculizar a quien la hace. Voy a intentar añadir datos al debate, en el supuesto de que el debate interese, ahora que se habla de reducir gastos como consecuencia de la crisis.

Según aporta uno de los mayores estudiosos del sistema sanitario español, el ex presidente asturiano Juan Luis Rodríguez-Vigil, en su libro Integración o desmoronamiento. Crisis y alternativas del Sistema Nacional de Salud Español, en el año 2004, España recibió 44,7 millones de turistas. Según los datos que algunos aportan, consta que en ese año sólo recibieron asistencia sanitaria 183.000 turistas. Esa cifra puede resultar o no creíble en función de la comparación que se establezca entre los datos aportados por las autoridades sanitarias territoriales. Por ejemplo, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga afirmaba en el diario Málaga, de fecha 7 de junio de 2004, que en la provincia malagueña residían unos 400.000 ciudadanos comunitarios que recibían asistencia sanitaria, de los cuales, sólo el 5% estaba empadronado. El agujero financiero que esa situación provocó sólo en esa provincia en este estado de cosas, fue, según la misma fuente, de 300 millones de euros, es decir, el coste similar al del proyecto de metro de Málaga o al de 25 hospitales de Alta Resolución, como el que existe en Benalmádena. Aquí encontramos la primera disfunción en los datos: 183.000 turistas atendidos sanitariamente en toda España, frente a 400.000 atendidos en la misma fecha en la provincia de Málaga.

Según Vigil, del total de residentes extranjeros empadronados en los distintos ayuntamientos de España, sólo 114.000 han tramitado la incorporación de sus derechos sanitarios a la Seguridad Social española, conforme a los tratados suscritos a tal fin en el sistema europeo de la Seguridad Social de residencia (certificado E-112), que imponen la transferencia de unos 2.000 euros por persona y año al Instituto Nacional de la Seguridad Social por parte de las entidades correspondientes de los países de donde proceden esas personas. El resto de los residentes empadronados o que no residen de forma legal en España, aunque lo hagan de facto, cuyo número no hay forma de calcular, no han realizado la incorporación de sus “cartillas sanitarias” para recibir en España prestaciones de esa naturaleza, en virtud de tratados o de acuerdos de reciprocidad. En definitiva, cada ciudadano extranjero comunitario no censado en España y que recibe asistencia sanitaria, supone 686 euros menos anuales para el sistema sanitario español.

Parece evidente, asimismo, que la población de turistas que vienen a España anualmente (más de 45 millones), es muy superior a la cantidad de españoles que salen de vacaciones a los países comunitarios con los que tenemos firmados tratados internacionales de asistencia sanitaria. No resulta, por lo tanto, creíble que los 18 millones de euros que España recibió por la asistencia a esos turistas que nos visitan, sea inferior a los 30 millones de euros que España tuvo que abonar por ese concepto a los países comunitarios por la asistencia sanitaria a los turistas españoles, pues es evidente que “son bastantes menos los españoles que hacen turismo fuera de España, que los españoles que aquí vienen”, según señala Antonio Ramírez de Arellano, en La movilidad de pacientes en el contexto internacional, europeo y español. Como no todas las Comunidades Autónomas se encuentran igualmente afectadas por el fenómeno, resulta interesante fijarse en los datos ofrecidos por Carmen Enríquez, en la conferencia dictada en la Universidad Menéndez Pelayo en agosto de 2006, donde explica el caso de la Generalitat Valenciana, que estimó que, en 2005, la asistencia sanitaria ofrecida a extranjeros habría costado 80 millones de euros, de los cuales, sólo pudo facturar 26 millones, para finalmente cobrar 4 millones.

Para concluir, la hemeroteca es rica en reportajes sobre el turismo sanitario; basta echar una mirada a los periódicos que se editan en la Costa del Sol o en cualquiera de los sitios turísticos por excelencia de España, para leer lo que sus periodistas escriben sobre este fenómeno. En esos diarios, puede leerse que “el 23% de los pacientes atendidos en las urgencias del Hospital Costa del Sol de Marbella fueron extranjeros, casi todos ellos de la Unión Europea”. “El coste de atención a ese colectivo, equivale a la cuarta parte del gasto sanitario de la provincia malagueña”. En el Diario Sur, pueden leerse las declaraciones que el gerente del Hospital Clínico Universitario de Málaga, Antonio Pérez Rielo hizo el 18 de enero de 2006: “Cada vez es más frecuente el caso de ciudadanos extranjeros que, aprovechando que poseen una casa en la Costa del Sol y que en sus países de origen no cubren prestaciones que la sanidad andaluza sí da, deciden acudir a un hospital público para ser operados o beneficiarse de tratamientos que necesitan, fundamentalmente prótesis de caderas y oncología”.

Desde luego, ninguna de las Comunidades Autónomas españolas, sea cual sea su dimensión y el poder político que tengan o que consideren que deban tener, está hoy en condiciones de resolver, por sí sola, los retos que plantea la emigración en casi ningún terreno, y desde luego el sanitario no sólo no es excepción a la regla, sino que es, quizás, la manifestación más palpable de esa imposibilidad. Y ello, sin perjuicio de que de no corregirse esas situaciones pueden dar lugar a brotes de xenofobia, absolutamente indeseables e injustos, que más valdría prevenir, poniendo antes y con urgencia los medios necesarios para devolver a los servicios públicos a una situación de normalidad para todos, tanto sean españoles de nacimiento, como residentes en España, a fin de no tener posteriormente que lamentar las consecuencias de una injustificada desidia. Creo que ahí el Ministerio de Sanidad tiene un amplio campo donde ejercer sus competencias, una vez que la gripe A deje de atraer su atención. Es de esa situación de la que se debería debatir. Ya sé que todo el que trabaja en España tiene derecho a la asistencia sanitaria; yo hablé de turismo sanitario o de turismo gorrón, que nada tiene que ver con el argumento de la ministra, que le preguntaron por Málaga y salió por Malagón.

Juan C. Rodríguez Ibarra ha sido presidente de la Junta de Extremadura.

Fuente original: El País.

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