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Protursa y el Ayuntamiento pactan la seguridad jurídica del Camping Rocío Playa
0La empresa no pedirá daños por las críticas recibidas por parte de la Administración · Se garantiza la concesión de las instalaciones
Tras casi un año de litigio burocrático, Protursa, empresa que explota el Camping Rocío playa en Matalascañas, y el Ayuntamiento de Almonte han decidido enterrar el hacha de guerra, cerrando así la disputa que mantenían a cuenta de la decisión institucional de revocar de forma definitiva la concesión administrativa de la que gozaba la entidad privada.
Aunque el apretón de manos no se ha oficializado por parte del ayuntamiento, el propio Benito Ferraro, consejero de la empresa, se congratula de que las relaciones se normalicen e incluso que el concejal de Turismo, Domingo Núñez, les haya garantizado que las instalaciones podrán continuar abiertas según lo estipulado en la concesión, cuya vigencia se suscribió en su día por 50 años.
Durante el encuentro, en que se limaron asperezas, el propietario detalló que ya se habían subsanado la ristra de deficiencias halladas por los técnicos municipales, por lo que las instalaciones estaban en óptimas condiciones para seguir siendo un camping de referencia en la provincia. En contrapartida, el ayuntamiento se comprometió a iniciar las gestiones oportunas para acondicionar el camino público que conecta la carretera Matalascañas Mazagón con el complejo turístico, el cual presenta un deteriorado estado con infinidad de socavones de incluso un metro. Bajo este nuevo clima, Protursa no cursará la denuncia con la que amagó durante el conflicto por la que pretendía reclamar daños y perjuicios por la mala imagen que las críticas institucionales habían dado a las instalaciones turísticas y, por ende, a su empresa.
La entidad lleva gestionado las 25 hectáreas que integran el complejo turístico en el Parque Dunar desde 1982. En aquellos años era la Diputación la que ejercía como concesionara del entonces Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona). No obstante, en virtud del decreto 1096/1984 de 4 de agosto la Junta se hace con la titularidad de los terrenos que, a su vez, fueron posteriormente permutados al Ayuntamiento, si bien en ningún momento se cuestionó la vigencia de la concesión.
Las relaciones se torcieron hace algunos años tras tramitar los técnicos de la Delegación Provincial un total de ocho expedientes sancionadores, tras unas inspecciones en las que se detectaron hasta 43 infracciones. El equipo de gobierno socialista aseguró que estas pruebas eran motivos más que suficientes para rescindir de forma unilateral la concesión e incluso solicitaron a la propia Junta que clausurara cautelarmente las instalaciones.
En medio de denuncias cruzadas Protursa acusó al ayuntamiento de querer ejercer de asustaviejas dado que en la decisión municipal subyacía el interés de expulsar a la empresa sin derecho a indemnización por los 25 años que aún les resta por la concesión administrativa de la que disfrutaban. El objetivo final, sostenía el propio Ferraro, era construir sobre el terreno un hotel de 200 plazas tal como recogía el POTAD. De igual modo presentaron las pertinentes alegaciones a los informes municipales, defendiendo que las inspecciones tuvieron lugar en el mes de febrero, si bien todas ellas fueron subsanadas antes del comienzo de la época estival.
Ahora las buenas relaciones permiten dar seguridad jurídica a la concesión, lo que garantiza los 35 empleos directos y 200 indirectos que genera el camping.
Fuente original: Huelva Información.























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