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La Guardia Civil encuentra una lancha semihundida cerca de Ceuta con 1,6 toneladas de hachís a bordo

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El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha localizado una embarcación semirrígida a la deriva a nueve millas de Punta Almina, en pleno Estrecho de Gibraltar, con 1,68 toneladas de resina de hachís a bordo después de que fuese advertido de su presencia en el agua por ‘Tarifa Tráfico’.

Según ha informado este miércoles el Instituto Armado a Europa Press, los efectivos movilizados para su rescate hallaron 59 fardos con unos 20 kilogramos de droga cada uno a bordo que a última hora de la tarde de este martes fueron trasladados al puerto deportivo de la ciudad autónoma para su pesaje como paso previo a su entrega al departamento de Sanidad de la Delegación de Gobierno, bajo cuya custodia se encuentran actualmente.

La Benemérita calcula que la sustancia incautada en la embarcación, en la que no quedaba ningún tripulante, habría alcanzado un valor superior a los 2,5 millones de euros en el mercado.

Desde el pasado 1 de enero la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta acumula tres grandes intervenciones de hachís en la ciudad autónoma. La primera se produjo el día de Año Nuevo, cuando en su puesto de inspección de los vehículos que embarcan con destino a Algeciras se aprehendieron 331,2 kilogramos de la misma sustancia valorados en 485.000 euros que iban ocultos en un doble fondo entre el respaldo de los asientos traseros y el habitáculo de carga de una furgoneta marca de matrícula nacional que conducía un ciudadano marroquí con residencia en España.

Tres días después, en el mismo punto, un madrileño de 55 años fue detenido después de que se encontrasen 281 kilogramos de resina de hachís con un valor aproximado de 253.000 euros en un doble fondo practicado en el suelo de su autocaravana.

Durante 2011 y sólo en la ciudad autónoma el Instituto Armado se hizo con cerca de 13 toneladas de esta sustancia y detuvo a mil personas como presuntas responsables de delitos contra la Salud Pública.

Fuente original: La Información.

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Cae parte de un grupo organizado dedicado al robo en autocaravanas

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La Guardia Civil ha detenido en Burgos a dos varones de 49 y 45 años de edad e imputa a otras dos personas más de 34 y 27 años, todos ellos extranjeros y de la misma nacionalidad, como supuestos autores de más de 20 robos y hurtos en autocaravanas, principalmente en las carreteras de la provincia.

Como consecuencia de las investigaciones realizadas por personal de la Unidad Orgánica de Policia Judicial de la Guardia Civil, con motivo de los robos y hurtos en autocaravanas en autovías y autopista en la provincia, se abrió la operación ‘IBIZA 2′. Dentro de estos dispositivos especiales establecidos por la Guardia Civil, el pasado lunes se detuvo en un área de Servicio próxima a Burgos en la carretera A-62, a dos personas extranjeras, imputándose los mismos hechos a otros dos compatriotas.

A estas personas se las relaciona como presuntos autores de la comisión de al menos 21 delitos -15 robos y 6 hurtos-, 19 de ellos cometidos en la provincia, uno en la de Segovia y uno en la de Valladolid, durante los meses de abril, mayo, junio y julio de este año.

El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de los lugares donde se produjeron los hechos y la intervención recientemente a los detenidos de un ordenador portátil previamente sustraído en una autocaravana estacionada en una de las áreas de la autovía A-1 (Madrid-Irún) han permitido la desarticulación de este grupo delictivo. La Guardia Civil de Burgos contiúa con las investigaciones por si podrían haber participado en otros delitos del mismo tipo.

A las otras dos personas extranjeras de 34 y 27 años de edad, se les imputan los mismos delitos y hurtos, que a los otros dos detenidos, pero se desconoce su actual paradero. Según informa la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil, a los dos detenidos les constan numerosos antecedentes, por robos con fuerza en las cosas y hurto, así como sustracción de vehículo.

Se instruyen diligencias que son remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Burgos, junto con los detenidos, como supuestos autores de multiples robos y hurtos en autocaravanas.

Fuente original: El Correo de Burgos.

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Dos terroristas fingieron ser policías galos para robar una caravana

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Portu y Sarasola se niegan a declarar en el juicio en la Audiencia por el atentado en 2007

Los dos miembros del comando Elurra, Igor Portu y Mattin Sarasola, no quisieron declarar ayer en la Audiencia Nacional porque no aceptan la “autoridad del tribunal”. Sí lo hicieron los testigos de los cargos por los que se les juzga, quienes manifestaron que los etarras fingieron ser policías franceses cuando los abordaron en la localidad francesa de Messanges en agosto de 2007. Se trata de una pareja y su hijo de 4 años, a los que robaron su caravana y retuvieron durante tres días. Mientras permanecían retenidos, otros miembros de ETA cargaron la caravana de explosivos y la abandonaron en un paraje de Castellón.

Aunque la caravana, que contenía casi mil kilos de amonal y pentrita, fue explosionada de forma controlada por la Policía el domingo 26 de agosto de 2007, la explosión provocó “un cráter enorme”, destrozó una torre de alta tensión y afectó a varias masías que estaban situadas a 200 metros de distancia. Así lo declaró un agente de la Guardia Civil mediante una videoconferencia, ayer en el juicio.

Fuente original: La Opinión A Coruña.

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La Guardia Civil detiene a una persona por el robo de una caravana

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El arrestado escondió el remolque en una nave cercana de la Sierrezuela

La Guardia Civil ha detenido en Aguilar de la Frontera a E. L. C., de 36 años, por robar una caravana en un polígono industrial de la localidad. Los efectivos del instituto armado recibieron una denuncia que informaba de que el remolque había sido sustraído en los alrededores de una nave del polígono industrial de la Sierrezuela, perteneciente al término municipal aguileño.

Tras las primeras gestiones en el lugar indicado por el denunciante, los guardias civiles sospecharon que la caravana no se encontraría lejos del punto inicial, incluso no descartaron que se pudiera encontrar en una de las parcelas cercanas. Ante esta situación, los efectivos crearon un dispositivo de vigilancia que dio sus frutos al encontrar una caravana de similares características a la robada en una de las naves del polígono.

Los agentes comprobaron que la parcela pertenecía a E. L. C., que fue requerido por la Guardia Civil para que de forma voluntaria permitiera inspeccionar la nave. Las unidades de la Guardia Civil comprobaron que la caravana encontrada era la sustraída, por lo que procedieron a la inmediata detención del sospechoso como supuesto autor de un delito de robo con fuerzas en las cosas.

Los efectivos comprobaron que varias cerraduras del remolque habían sido forzadas e incluso la cerradura de la entrada principal había sido sustituida por otra nueva. Los enseres que se encontraban en el interior también había sido robados.

Fuente original: El Día de Córdoba.

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Un pontevedrés, víctima de una red de timadores de caravanas

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Los estafadores vendieron vehículos «gravemente dañados» como nuevos

Un vecino de Pontevedra figura entre las numerosas víctimas de una macroestafa a nivel nacional que ha sacado a la luz una investigación de la Guardia Civil de Alicante con la colaboración, entre otras, de la Comandancia de la ciudad del Lérez. Por el momento, el operativo policial se ha saldado con la detención de veintisiete personas, de las cuales veintiuna son inspectores de estaciones de ITV, cinco son ingenieros técnicos industriales y el último de los sospechosos es el gerente de la empresa que importó la treintena de autocaravanas que se encuentran en el trasfondo de este timo.

Esta remesa de vehículos forma parte de los más de cuatrocientos que, a principios de septiembre del 2008 en Francia, sufrieron las consecuencia de unas inundaciones. Todas las autocaravanas fueron declaradas siniestro total y no aptas para circular, dado que resultaron «gravemente dañadas en su estructura interior, principalmente de madera, incompatible con la inmersión en agua que produce putrefacción y descomposición».

Ante estas circunstancias, fueron adjudicadas para desguace a una empresa checa. Eso sí, primeramente se les retiró «las matriculas, las chapas con los números de identificación y contraseñas de homologación». También fueron cortados los largueros que sujetan el suelo de la vivienda. Sin embargo, esta compañía decidió poner en el mercado los vehículos, para lo cual no dudó en soldar los largueros y sustituir los dispositivos de identificación de los vehículos.

Facturas sin IVA

La Guardia Civil ha determinado que, posteriormente, una firma alicantina se hizo con 33 autocaravanas, por las que habría abonado nueve mil euros por cada una de ellas. Eso sí, «careciendo de factura con IVA, de garantía y de certificado de conformidad».

Los investigadores consideran que el papel de los inspectores de ITV fue crucial para formalizar su matriculación en España. No en vano, «tuvieron que pasar varios trámites e informes favorables, que por las características y procedencia de las autocaravanas nunca debieron haber obtenido, puesto que no se ajustan ni a la normativa europea ni a la nacional».

Lo cierto es que, pese a su declaración en Francia como siniestro total, los automóviles fueron vendidos como nuevos en distintos puntos del territorio nacional. De hecho, el pontevedrés, al igual que el resto de compradores, abonó entre 35.000 y 40.000 euros por unas autocaravanas «defectuosas», «cuando su precio de mercado oscilaba entre 42.500 y 56.600 euros, según modelo».

La Guardia Civil no solo sostiene que los detenidos pusieron en riesgo la seguridad de los usuarios, sino que calcula que el montante de la estafa podría superar el millón de euros.

Fuente original: La Voz de Galicia.

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Arrestan a 26 técnicos de las ITV por el fraude de las autocaravanas

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La Guardia Civil detectó 33 vehículos no aptos para la circulación vendidos por toda España

El presunto fraude en la importación de autocaravanas se ha saldado con 26 empleados de estaciones de ITV de la provincia detenidos, según informó ayer la Guardia Civil. Tal como ya informó este diario, las autocaravanas fueron dadas de baja tras unas inundaciones en Francia en septiembre de 2008 y fueron revendidas después en España, a pesar de no ser aptas para la circulación, con la Inspección Técnica de Vehículos pasada. Del total de las 414 autocaravanas que fueron declaradas siniestro total, 33 fueron compradas por una empresa de Villafranqueza por un precio de 9.000 euros cada una y revendidas en hasta 17 provincias distintas de la geografía nacional por precios que oscilan entre los 35.000 y los 40.000 euros. El precio de mercado era de entre 42.500 y 56.600 euros, según el modelo, por lo que se estima que el fraude supera el millón de euros. Las caravanas fueron vendidas como no matriculadas y sin kilómetros, cuando se trataba de vehículos siniestrados no válidos para circular. El número total de implicados es de 27. De ellos, 21 son inspectores de las estaciones de ITV de Alicante y Benidorm, a los que se suman otros cinco ingenieros y el empresario que importó las roulottes, que fue el primer arrestado. Se les imputan delitos de falsedad documental, contra la propiedad intelectual y estafa.

Todos los vehículos que resultaron afectados en las inundaciones de Francia fueron declarados siniestro total y no aptos para la circulación, al haber resultado gravemente dañados en su estructura interior, que principalmente era de madera. Según la Guardia Civil, este material es incompatible con la inmersión en el agua y produce putrefacción y descomposición con el tiempo. Las autocaravanas fueron enviadas a la República Checa para su desguace y extraer las piezas que fueran recuperables. Sin embargo, la empresa que tenía que haber realizado estos trabajos volvió a poner en el mercado los vehículos, soldando los largueros cortados y sustituyendo las chapas y números de identificación por pegatinas y nuevos troquelados. Las autocaravanas fueron importadas desde Alicante, sin facturas con IVA, ni garantía, ni Certificado de Conformidad. Según la Benemérita, para su matriculación en España estos vehículos tuvieron que pasar varios trámites e informes favorables que nunca debieron haber obtenido, puesto que no se ajustan a ninguna normativa. Las mismas fuentes precisaron que los ingenieros expidieron 27 tarjetas de ITV falsificadas, puesto que las fichas reducidas fueron confeccionadas por un ingeniero industrial no facultado para su expedición al haber sido importadas por una empresa y no por un particular; y otras tres que tampoco cumplían la Directiva Europea.

Las autocaravanas deberían haber sido destruidas para poder acceder al mercado de compraventa solo por piezas, señaló la Guardia Civil, que añadió que en su lugar se utilizó un procedimiento no reglado para su legalización en España, falsificando las fichas reducidas de los ingenieros, como paso previo a la obtención de la tarjeta, sin que los inspectores detectaran las graves anomalías que presentaban los vehículos, expidiendo inspecciones favorables. Sus defectos están calificados como graves en los manuales de las ITV.

Fuente original: Diario Información.

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¿Los radares saltan a 116 o a 121 km/h?

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Guardias Civiles exigen a la DGT un criterio único sobre el margen de error del radar.

Si usted circula por una autovía en Extremadura a 120 kilómetros por hora lo normal es que no sea multado, pero si traspasa los límites geográficos de la región, puede no correr la misma suerte. La razón, la falta de criterio único a la hora de calibrar el margen de error de los radares. Y es que, según fuentes de la Asociación Unificadas de Guardias Civiles (AUGC) de Extremadura, hasta ahora los dispositivos han tenido un margen de error del 10%, por lo que con la nueva limitación de velocidad a 110 km/h en autovías y autopistas, no se disparará hasta los 121 km/h. “Es lo que se ha estado haciendo hasta ahora”, comentan, pero matizan que se siguen “recomendaciones” de los responsables de Tráfico, que no les han dicho nada de manera oficial para cambiar esta norma. Esa falta de criterio único es lo que ha denunciado la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), que exige a la DGT directrices por escrito para saber a qué atenerse a la hora de sancionar. Ante esa ausencia de la orden, ha encargado un informe sobre el límite de velocidad al bufete Alauda Abogados, que concluye que, con carácter general, “existe certeza de haberse superado el límite de 110 km/h” cuando el cinemómetro (radar) detecta 116 km/h para dispositivos fijos y de 118 para los móviles.

Este colectivo denuncia que la rebaja del límite de velocidad no sólo confunde a los ciudadanos sino a los propios agentes de Tráfico, y critica las escasas “instrucciones respecto al funcionamiento operativo de los radares” y la formulación de denuncias, que “se han impartido de forma verbal y todas en el sentido de mantener los límites sancionadores vigentes con anterioridad. Es decir, como si la velocidad máxima siguiese siendo de 120 km/h, lo que implica que los radares salten y se denuncie al pasar de 132 km/h”.

Hasta la fecha, reitera, “la única instrucción escrita conocida por la Unión de Oficiales data del año 2006″. A este respecto, censura que “evidentemente, la coexistencia de órdenes verbales y escritas contradictorias está generando confusión entre los Jefes de los Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil que no saben con certeza que límite aplicar”. Esta falta de criterio hace que, cita, “nos podemos encontrar con que haya conductores que son sancionados por rebasar los 116, otros al rebasar los 121 y otros los 132, lo que supone un trato discriminatorio, en función de la provincia por la que se circule”.

Fuente original: La Crónica de Badajoz.

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Los guardias de Tráfico, a la «caza de puntos» por 150 euros

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Presentan recursos para que anulen el baremo que prima multas sobre auxilios

Primero fue el sopapo de que les rebajaban el sueldo por ser funcionarios; luego la «huelga de bolis caídos» —que habría provocado entre un 50 y un 70 por ciento menos de multas de tráfico en junio, datos que la DGT desmiente— y para rematar, en julio, llegó el «RAI» o resumen de actividades individuales, que cada unidad de tráfico debe rellenar mensualmente. Simplificando, se trata de un sistema de puntos con el que evaluar a los agentes. Aquí llega el problema. La instrucción firmada por el general jefe de Tráfico explica que el objetivo es «mejorar el rendimiento de los mismos y por tanto la seguridad vial»; los afectados lo interpretan como un baremo para presionarlos: cuanto más multen, más cobran.

Lo cierto es que la instrucción no se refiere en ningún momento a pluses ni a productividades pero las asociaciones del Cuerpo lo tienen claro, dado que se puntúa hasta cuatro veces más por una denuncia en materia de transporte, o nueve por una alcoholemia con infracción que por auxiliar a alguien. Un cálculo oficioso apunta a que en junio Interior dejó de recaudar entre 12 y 15 millones de euros al reducirse las multas casi a la mitad. Y a partir de ahí cundió el nerviosimo. «Como mínimo —aseguran desde AUGC— están en juego los 150 euros del plus de seguridad vial además de otras partidas que cobramos en productividades varias».

«Lo más grave es que no se sabe cuántos puntos son necesarios para que no nos rebajen más el sueldo. Así se abre la veda de una frenética caza de puntos, cualquier infracción vale», señala en un comunicado la Unión de Oficiales (UO) que ayer se sumó a las críticas. Esta semana, guardias civiles afectados han empezado a enviar recursos a la Dirección General de la Guardia Civil para que se anule el controvertido baremo que prima multas sobre auxilios porque advierten «puede darse el caso de que los agentes se centren en denunciar infracciones por encima de otros servicios con menor puntuación».

AUGC ha ido más allá y asegura que se está intimidando verbalmente a mandos intermedios aclarándoles que si los guardias a su cargo no denuncian, ellos perderán el complemento de productividad. «Esas órdenes para que informen de qué agentes ponen menos multas nunca se dan por escrito», dicen en la UO.

Han pedido nombres

Según las dos asociaciones, las llamadas y la presión se han extendido a las Unidades de Seguridad Ciudadana. «Hay cuarteles y puestos a los que ya se ha pedido los nombres del personal que denuncia poco para retirarles los complementos». Sin embargo, los servicios y actuaciones de cada miembro del Cuerpo quedan registradas en el sistema informático, de modo que los oficiales tienen acceso directo a esos datos. «Es cierto —admiten desde AUGC— pero es una forma de intimidar a oficiales».

En el punto de mira están el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el director de la DGT, Pere Navarro. El primero dejó claro hace unos días que la obligación de la Guardia Civil es cumplir la ley y «poner multas entra dentro de la ley», mientras que Navarro aseguró que es falso que en junio se impusieran la mitad de multas menos que el año anterior.

Fuente original: ABC.

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Un nuevo accidente en Alcalà deja cuatro heridos leves en la N-340

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Implicados una vecina de Santa Magdalena y tres ciudadanos noruegos. Una autocaravana chocó frontalmente con un turismo en un ‘punto negro’ viario.

Nuevo accidente en uno de los puntos negros de la red viaria provincial. Tres vehículos se vieron implicados ayer en un choque frontal en la nacional 340, en el punto kilométrico 1.028, en el término municipal de Alcalà de Xivert, con cuatro heridos leves. Ocurría a las 8.40 horas, cuando una autocaravana, donde viajaban tres ciudadanos noruegos, colisionó con un turismo, viéndose implicado, de rebote, un camión que venía por detrás.

A causa de los hechos resultaron heridos de carácter leve el conductor y dos de los ocupantes de la autocaravana, una mujer, M.S.E., de 63 años; A.R.A.J., de 51; y A.B.A.B., de 12 años, respectivamente, todos ellos procedentes de la localidad de Nannestad y que se dirigían hacia Alicante. En el turismo, la conductora, una vecina de Santa Magdalena que atiende a las iniciales D.S., de 27 años, también resultó herida leve; mientras que el conductor del camión, que pudo frenar a tiempo y evitar mayor incidencia, D.M.M., de 38 años y residente en Lleida, de 38 años, según fuentes de la Comandancia de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón.

Con el de ayer se suman ya 342 los heridos en carretera en la provincia desde el día 1 de enero, 293 leves y 49 graves, según datos de accidentalidad de la Delegación de Tráfico. Este accidente sucede en medio de una coyuntura a la baja del número de accidentes mortales en la Comunitat, según anunció en el balance semestral el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta. Según estos datos, la siniestralidad ha bajado en la provincia de Castellón un 38% de los accidentes con respecto al 2009; disminuyendo asimismo la cifras de fallecimientos en carretera de un 48%. Solo en la N-340 fueron 5 los fallecidos, otros 5 en la AP-7 y 6 en la red secundaria.

Fuente original: El Periódico Mediterráneo.

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La DGT no quitará el permiso de circulación con la ITV caducada

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En el año 2009 se formularon cerca de 400.000 denuncias por este motivo

Los agentes de la Guardia Civil dejarán de retirar a partir del próximo 1 de mayo el permiso de circulación de los vehículos a los que sorprendan circulando con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, como se hacía hasta ahora, aunque mantendrán la multa de 150 euros e inmovilizarán el vehículo en caso de que no se pase la inspección en un plazo de 10 días.

Actualmente, si un conductor es ‘pillado’ sin haber pasado la ITV el agente retira el permiso al conductor, que para recuperarlo tiene que pasar la inspección e ir a buscar su permiso a la Jefatura de Tráfico. No obstante, la DGT quiere acabar con este “trasiego de permisos y de ciudadanos en búsqueda de los mismos” en las jefaturas, según explicaron a Europa Press fuentes de Tráfico.

Por ello, según una instrucción de la DGT que modifica la aplicación del Real Decreto sobre Inspección Técnica de Vehículos de 1994 enviada a la Guardia Civil, a partir del 1 de mayo ya no se retirarán los permisos inmediatamente, sino que se dará un plazo de 10 días a los conductores para que pasen la ITV y si en ese tiempo no lo hacen, se ordenará la inmovilización del vehículo.

Los centros autorizados para pasar la ITV están en la actualidad conectados con la DGT, de modo que Tráfico puede comprobar fácilmente si el conductor ‘pillado’ ha cumplido con el plazo de diez días o no, tal y como indicaron las mismas fuentes. Lo que sí que quedará igual después de esta modificación es la multa económica de 150 euros por circular con la ITV caducada.

En el año 2009 se formularon cerca de 400.000 denuncias por este motivo, un volumen que, en ocasiones, generaba “dificultades” a los multados, ya que hasta ahora una vez pasada la ITV los infractores tenían que ir a recoger el permiso a las jefaturas y “a veces la Guardia Civil tardaba en enviar los permisos”.

Fuente original: Europa Press.

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