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Portu y Sarasola son condenados a ocho años de prisión tras cargar una autocaravana con explosivos

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La Audiencia Nacional ha condenado a 8 años de cárcel a los etarras Mattin Sarasola e Igor Portu por la explosión, el 26 de agosto de 2007, de una autocaravana cargada de explosivos en Cuevas de Vinromá (Castellón), aunque les ha absuelto del secuestro de la familia propietaria del vehículo.

En una sentencia notificada este lunes, la sección primera de la sala de lo penal considera a Portu y Sarasola autores de un delito de colocación de explosivos dentro de los de terrorismo, pero no de los delitos de detención ilegal, robo con intimidación, utilización ilegítima de vehículo y estragos terroristas, que les imputaba la fiscal, que pidió para cada uno de ellos 61 años y medio de prisión.

El tribunal considera probado que el 25 de agosto de 2008 Portu, “puesto de acuerdo” con Sarasola, recogió la autocaravana cargada con entre 500 y 1.000 kilos de explosivos en Venta de Baztan (Navarra) junto a otro miembro del “comando Elurra”.

Para el tribunal, no ha quedado acreditado la acusación de que Portu y Sarasola actuaron “de acuerdo” con el comando que tenía retenida a la familia y de que fueran los que retrasaron su puesta en libertad.

Los magistrados se basan en la declaración policial de Sarasola, “que constituye la base de la acusación” y en la que “nunca dijo saber nada sobre la forma en que la organización había conseguido el vehículo, ni mucho menos que ellos tuviesen que avisar del momento de la explosión para la puesta en libertad de los propietarios”.

“Aunque los acusados podían suponer el origen delictivo de un vehículo destinado a ser destruido, no tenían que conocer que sus propietarios estaban siendo retenidos”, subraya la sala, que añade que una acción como esta “tuvo que ser planeada desde la cúpula” de ETA, pero que no consta que “todos los miembros de los distintos comandos estuviesen de acuerdo y conociesen lo que hacían los demás”.

Por ello, concluye la sentencia, “se desecha que los aquí acusados, no así los responsables que habían proyectado el conjunto de la operación, actuasen puestos de acuerdo con el comando que en Francia se había apoderado de la furgoneta y retenía a la familia”.

Fuente original: Galiciaé.

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Dos terroristas fingieron ser policías galos para robar una caravana

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Portu y Sarasola se niegan a declarar en el juicio en la Audiencia por el atentado en 2007

Los dos miembros del comando Elurra, Igor Portu y Mattin Sarasola, no quisieron declarar ayer en la Audiencia Nacional porque no aceptan la “autoridad del tribunal”. Sí lo hicieron los testigos de los cargos por los que se les juzga, quienes manifestaron que los etarras fingieron ser policías franceses cuando los abordaron en la localidad francesa de Messanges en agosto de 2007. Se trata de una pareja y su hijo de 4 años, a los que robaron su caravana y retuvieron durante tres días. Mientras permanecían retenidos, otros miembros de ETA cargaron la caravana de explosivos y la abandonaron en un paraje de Castellón.

Aunque la caravana, que contenía casi mil kilos de amonal y pentrita, fue explosionada de forma controlada por la Policía el domingo 26 de agosto de 2007, la explosión provocó “un cráter enorme”, destrozó una torre de alta tensión y afectó a varias masías que estaban situadas a 200 metros de distancia. Así lo declaró un agente de la Guardia Civil mediante una videoconferencia, ayer en el juicio.

Fuente original: La Opinión A Coruña.

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El fiscal pide 67 años para los etarras de la T-4 por querer atentar en Marina d’Or

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Portu y Sarasola tenían preparada una caravana con 1.000 kilos de explosivo

Los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, condenados a 1.040 años de cárcel por el atentado de la T-4 de Barajas, pueden sentarse de nuevo en el banquillo. Los dos terroristas fueron absueltos en mayo de intentar atentar en Azca, el corazón financiero de Madrid. Se trataría, por tanto, del tercer juicio que afrontan desde su detención en enero de 2008. Y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para cada uno 67 años de prisión por el atentado que pensaban llevar a cabo, en agosto de 2007, en el complejo residencial Marina d’Or, en Oropesa (Castellón). El departamento que dirige Javier Zaragoza les imputa tres delitos de detención ilegal, tenencia de explosivos, tentativa de estragos terroristas y robo (por integración en ETA ya fueron condenados en el juicio de Azca). Según el escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Sarasola y Portu se dirigieron el 24 de agosto de ese año al camping de la localidad francesa de Messanges, donde robaron una autocaravana. A sus ocupantes, un matrimonio de Orio (Guipúzcoa) y su hijo de cuatro años, los trasladaron a una vivienda de Gurs, también en el país vecino, amordazando y atando al hombre y colocando un antifaz a su mujer. Ya en el piso, ataron al matrimonio con una cadena a un somier. Dos días después, los trasladaron en otro vehículo robado (que después quemaron) a un bosque de pinos entre Bayona y Burdeos, donde fueron liberados a la mañana siguiente, tras advertirles de «que al menos durante una hora no se movieran ni pidieran ayuda».

Durante ese tiempo, los etarras trasladaron la caravana al interior de la Península, donde fue cargada de explosivos «con la intención de cometer una acción terrorista en el Levante español». Sarasola admitió a la Guardia Civil –según ratificó en el juicio por el atentado de la T-4 el abogado que le asistió en esa declaración– haber participado en ese atentado frustrado. Los terroristas tenían planeado provocar una masacre reproduciendo el método empleado en el aparcamiento de la T-4. Para ello habían llenado la caravana, según un informe del Grupo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, con «entre 500 y 1.000 kilos de amonal y pentrita», con una potencia explosiva «de alto riesgo».

Pero sus planes se torcieron cuando un vecino sospechó y avisó a la Guardia Civil. Los etarras, temerosos de que les hubiesen descubierto, hicieron estallar la caravana sin ningún aviso previo. El estallido se escuchó a más de diez kilómetros. El matrimonio sufrió estrés postraumático por el secuestro. Ella estuvo 448 días de baja y él, 262. La Fiscalía pide que los etarras les indemnicen con 41.206 euros por los daños materiales, 40.000 por las lesiones y 60 por cada día de incapacidad, más otros 20.000 para su hijo. Además, solicita que se les prohíba acercarse al domicilio de las víctimas durante diez años.

Fuente original: La Razón.

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