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Protursa y el Ayuntamiento pactan la seguridad jurídica del Camping Rocío Playa
0La empresa no pedirá daños por las críticas recibidas por parte de la Administración · Se garantiza la concesión de las instalaciones
Tras casi un año de litigio burocrático, Protursa, empresa que explota el Camping Rocío playa en Matalascañas, y el Ayuntamiento de Almonte han decidido enterrar el hacha de guerra, cerrando así la disputa que mantenían a cuenta de la decisión institucional de revocar de forma definitiva la concesión administrativa de la que gozaba la entidad privada.
Aunque el apretón de manos no se ha oficializado por parte del ayuntamiento, el propio Benito Ferraro, consejero de la empresa, se congratula de que las relaciones se normalicen e incluso que el concejal de Turismo, Domingo Núñez, les haya garantizado que las instalaciones podrán continuar abiertas según lo estipulado en la concesión, cuya vigencia se suscribió en su día por 50 años.
Durante el encuentro, en que se limaron asperezas, el propietario detalló que ya se habían subsanado la ristra de deficiencias halladas por los técnicos municipales, por lo que las instalaciones estaban en óptimas condiciones para seguir siendo un camping de referencia en la provincia. En contrapartida, el ayuntamiento se comprometió a iniciar las gestiones oportunas para acondicionar el camino público que conecta la carretera Matalascañas Mazagón con el complejo turístico, el cual presenta un deteriorado estado con infinidad de socavones de incluso un metro. Bajo este nuevo clima, Protursa no cursará la denuncia con la que amagó durante el conflicto por la que pretendía reclamar daños y perjuicios por la mala imagen que las críticas institucionales habían dado a las instalaciones turísticas y, por ende, a su empresa.
La entidad lleva gestionado las 25 hectáreas que integran el complejo turístico en el Parque Dunar desde 1982. En aquellos años era la Diputación la que ejercía como concesionara del entonces Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona). No obstante, en virtud del decreto 1096/1984 de 4 de agosto la Junta se hace con la titularidad de los terrenos que, a su vez, fueron posteriormente permutados al Ayuntamiento, si bien en ningún momento se cuestionó la vigencia de la concesión.
Las relaciones se torcieron hace algunos años tras tramitar los técnicos de la Delegación Provincial un total de ocho expedientes sancionadores, tras unas inspecciones en las que se detectaron hasta 43 infracciones. El equipo de gobierno socialista aseguró que estas pruebas eran motivos más que suficientes para rescindir de forma unilateral la concesión e incluso solicitaron a la propia Junta que clausurara cautelarmente las instalaciones.
En medio de denuncias cruzadas Protursa acusó al ayuntamiento de querer ejercer de asustaviejas dado que en la decisión municipal subyacía el interés de expulsar a la empresa sin derecho a indemnización por los 25 años que aún les resta por la concesión administrativa de la que disfrutaban. El objetivo final, sostenía el propio Ferraro, era construir sobre el terreno un hotel de 200 plazas tal como recogía el POTAD. De igual modo presentaron las pertinentes alegaciones a los informes municipales, defendiendo que las inspecciones tuvieron lugar en el mes de febrero, si bien todas ellas fueron subsanadas antes del comienzo de la época estival.
Ahora las buenas relaciones permiten dar seguridad jurídica a la concesión, lo que garantiza los 35 empleos directos y 200 indirectos que genera el camping.
Fuente original: Huelva Información.
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El camping de Matalascañas afirma que ha corregido las deficiencias
0Los gestores aseguran que los ingresos se han reducido tras el expediente sancionador abierto por Junta
El camping Rocío Playa de Matalascañas, al que se le podría retirar la concesión administrativa tras el expediente de la Junta de Andalucía en el que se registraban una decena de irregularidades, ha perdido “entre un 10 y un 15% de ganancias a raíz de la publicación del expediente sancionador”.
Fuentes de la gestión del camping aseguraron ayer que “este informe ha hecho mucho daño” al espacio, ya que “hemos notado un descenso de los ingresos por este expediente”.
Según estas mismas fuentes, “ya se han subsanado todas las deficiencias” y en el escrito de alegaciones, presentado a principios de mes, los propietarios del camping añadieron “un análisis del agua y un informe en el que consta que se cumplen todas las medidas para la prevención de incendios”. Además de subsanar las irregularidades calificadas como graves en el informe, “como el estudio del agua, el acceso para las personas con discapacidad o las normas de seguridad -como la instalación de puertas de emergencia-”, también se han solventado las faltas leves relacionadas con el mantenimiento, como la pintura de varias instalaciones o la reparación del césped, aseveran desde la instalación.
Asimismo, “un acta notarial demuestra que los extintores están en el lugar correspondiente y en buenas condiciones”, por lo que el camping “no entraña ningún peligro”, algo que se reflejaría en el hecho de que “han tenido pocas reclamaciones de clientes”. Además, argumentan, el informe de la Junta de Andalucía se llevó a cabo “el 31 de enero”, por lo que “aún era muy pronto para poner a punto el camping”.
El camping “ha mejorado sus carencias y ha arreglado los caminos mientras que el Ayuntamiento de Almonte no ha reparado el camino de acceso al Parque Dunar y al Club Náutico, como ha hecho en años anteriores”, indicaron las mismas fuentes en declaraciones a Europa Press.
Ante esto, desde el espacio reiteraron que el cierre del camping supondría “dejar sin trabajo a unas 40 personas, más los empleos indirectos” y que “el expediente lo único que busca es retirar la licencia para construir un hotel de más de 200 plazas en un espacio protegido”.
El expediente de la Junta de Andalucía al camping de Matalascañas se inició en 2008 después de que se recibieran varias denuncias por el mal funcionamiento del espacio. El informe constata hasta 19 presuntas infracciones, 14 de ellas tipificadas como leves, cuatro de carácter grave y una que se considera muy grave.
El Ayuntamiento de Almonte revocó en julio definitiva y unilateralmente la concesión administrativa de la que disfrutaba la empresa Protursa, sustentando su decisión en los informes de los técnicos municipales y los inspectores de la Consejería de Turismo. El concejal de Turismo almonteño, Domingo Núñez, aseguró entonces que no hay planes para construir un hotel en el espacio que ocupa en la actualidad el camping, tal y como se señalaba desde la instalación. La Asociación Provincial de Campings de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) respaldó la decisión del Consistorio.
Fuente original: Huelva Información.
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La FOE apoya al Ayuntamiento y pide la clausura del camping Rocío Playa
1Los empresarios solicitan a las administraciones la reubicación de las plazas que se perderán y nuevas instalaciones · Protursa se siente boicoteada y acusa al Consistorio de “ejercer de asustaviejas”
La Asociación Provincial de Campings de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) respaldó ayer la decisión del Ayuntamiento de Almonte de revocar la concesión que posee la empresa Protursa en el camping Rocío-Playa. La FOE, que defiende la clausura del recinto turístico, entiende que “se inicia el camino tendente a garantizar los parámetros de calidad que deben prevalece en este tipo de establecimientos”. Los empresarios solicitan al Consistorio y a las autoridades competentes “la reubicación de las plazas que previsiblemente van a desaparecer y han desaparecido en los últimos años en esa zona”.
Desde la Asociación se comparte, por tanto, los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Almonte ya que, subrayan en un comunicado, “los mismos están en línea con el objetivo de lograr una oferta de calidad y de respeto con el medio en el que se encuentra integrada”. En este sentido, instan también a la Consejería de Turismo a que “actúe en consecuencia y finalmente se proceda a la clausura del recinto”.
Teniendo en cuenta que esta decisión va a reducir notablemente el número de plazas de camping en la zona, a las que hay que sumar las que se perdieron con el cierre del camping La Fontanilla (Mazagón), la Asociación demandará a las Administraciones competentes “la apertura de nuevas instalaciones que vengan a garantizar esa oferta, cada vez más demandada por nuestros turistas”.
Mientras la polémica sobre el futuro de las instalaciones campistas sube de tono, ayer se supo que el Ayuntamiento de Almonte, titular del vial que da acceso al camping Rocío Playa, no ha procedido este año al arreglo, compactación y adecentamiento del mismo, lo que ha dejado el camino con una ristra de socavones, de hasta cuarenta centímetros, que hacen casi intransitable el paso a los vehículos. Para Protursa, beneficiaria de la concesión administrativa del camping, esta es una medida más que se circunscribe dentro de la estrategia de guerra fría y “acoso” que denuncia estar sufriendo desde que la institución municipal planeara convertir el inigualable entorno sobre el que se asientan las instalaciones de acampada, sitas en el Parque Dunar de Matalascañas, en un hotel de 200 plazas.
Fruto de esta presión “taciturna y característica de los ‘asustaviejas”, acusa Benito Ferraro, consejero de la empresa, el equipo de Gobierno del PSOE inició la pasada semana los trámites para revocar definitiva y unilateralmente la concesión administrativa e incluso elevó la petición a la Junta de Andalucía para que esta decretara el cierre de las mismas al objeto de prevenir “posibles problemas de salubridad”.
Una clausura que, de producirse en el punto álgido de la campaña estival, sería la puntilla para un negocio que, como todos, tiene que nadar contra corriente en tiempos de crisis. Aun así, los perjuicios económicos ya se han dejado notar ante los problemas que encuentran muchos vehículos para acceder hasta las instalaciones de acampada.
El fin último, enfatiza el portavoz de Protursa, es “boicotearnos el negocio y obligarnos a abandonar la concesión administrativa”, cuya vigencia no expira hasta dentro de 26 años, “sin indemnización alguna”.
Con respecto al camino, aseguran desde Protursa que remitieron las quejas formuladas por los campistas al propio Ayuntamiento, conminándoles a adecentar el trayecto o, en su defecto, permitir que fuese Protursa quien, con recursos propios, actuara sobre la zona. La respuesta, según estas fuentes, fue que la institución carecía de recursos económicos para afrontar el arreglo de los caminos e incluso pusieron reparos a que la empresa actuara sobre ellos.
Así las cosas los gestores de la empresa señalan que han perdido un gran número de clientes que se niegan a circular “por un carril intransitable que rompe la amortiguación de los vehículos y en el que yo mismo he reventado una rueda”, enfatiza el consejero.
Sobre las deficiencias encontradas, subrayan que todas se producen a posteriori del 2005, fecha en la que se le da forma y contenido al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), mientras paralelamente se proyecta fijar en aquellos terrenos un hotel de 200 plazas. Aun así Ferraro sostiene que se han subsanado estas deficiencias encontradas por los técnicos de la Administración. Al respecto añade que el 5 de marzo presentaron en el registro de la Delegación Provincial de Turismo las pertinentes alegaciones a los informes de los técnicos, sin que por el momento hayan obtenido respuesta alguna.
El concejal de Turismo almonteño, el socialista Domingo Núñez, criticó ayer a la empresa gestora. “Dicen que lo hacemos porque queremos construir un complejo hotelero, algo que es una barbaridad ya que se hace porque no se cumplen unos requisitos” y puso como ejemplo al camping que Almonte posee en la aldea de El Rocío, “donde no hay ningún problema e incluso tiene un premio a la excelencia en la gestión. Estas instalaciones son las que queremos en la localidad”.
Fuente original: Huelva Información.
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El Ayuntamiento de Matalascañas revoca la concesión administrativa al camping Rocío-Playa
0El equipo de Gobierno pide a la Junta en plena temporada estival el cierre cautelar ante los riesgos para la salud de los usuarios · La concesionaria Protursa cree que el objetivo es construir una gran zona hotelera
Matalascañas podría verse despojada del camping Rocío Playa, el único presente en el núcleo costero, si se materializa la decisión del equipo de Gobierno socialista de revocar definitiva y unilateralmente la concesión administrativa de la que disfrutaba la empresa Protursa. La medida, que fue respaldada por la cámara local en el último pleno celebrado la semana pasada, justifica y sustenta la decisión en dos demoledores informes firmados por sendos técnicos municipales y los inspectores de turismo de la Consejería del ramo, en los cuales se constatan hasta “diecinueve presuntas infracciones. De ellas 14 tipificadas como leves, 4 de carácter grave y una que se puede considerar como muy grave”. Para más inri, se enfatiza en un informe jurídico paralelo “la conclusión genérica y la observación de los técnicos que inspeccionaron el establecimiento y que calificaron la situación como penosa y vergonzante”.
Benito Ferraro, consejero de Protursa, considera que tras la decisión institucional subyace el interés de “desmantelar el camping para, sobre sus ruinas, construir un hotel”. Una medida con la que se daría cumplimiento a la hoja de ruta trazada en el Plan de Ordenación del Ambito de Doñana (POTAD), documento en el que se plasma la posibilidad de destinar dicho suelo a la construcción de 200 plazas hoteleras.
Cabe recordar que Protursa lleva gestionando las 25 hectáreas del camping situado en la parcela de Parque Dunar desde el año 1982. El 17 de mayo de ese año la Diputación de Huelva, que actuaba como concesionaria del entonces Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) rubricó la concesión administrativa. Posteriormente y tras el decreto 1096/1984 de 4 de agosto la propiedad pasó a manos de la Junta de Andalucía, si bien tras una permuta de terrenos con el Ayuntamiento la titularidad finalmente recae en la institución local. No obstante, durante todo este laberinto burocrático la gestión continuó descansando en Protursa, cuya concesión tenía de vigencia 50 años.
En todo este tiempo no han existido encontronazos de relevancia, si bien a tenor de los informes suscritos el 16 de octubre de 2008 por parte de los técnicos y el 3 de febrero de 2009 por parte de la Delegación Provincial de Turismo, la institución municipal reclama ahora la rescisión del contrato. Para ello invoca los artículos 223 y 224 del Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre, dado que la actual ley 30/2007 de 30 de octubre no afecta a los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
A expensas de novedades y de los plazos que articula la ley, el camping continúa abierto al público con total normalidad, si bien el pleno determinó dar traslado del acuerdo a la Consejería de Turismo para que aplique “las medidas que resulten oportunas, en ejercicio de sus competencias”. Igualmente conminan a la Junta a que se pronuncie sobre la posibilidad de clausurar cautelarmente las instalaciones , dado el supuesto “riesgo para los usuarios”.
De prosperar la petición institucional los socialistas ya han adelantado, en boca del concejal de Patrimonio, Francisco Rodríguez, que en principio no existe intención alguna de volver a licitar la explotación turística ni tan siquiera encomendarle su gestión a una de las múltiples empresas municipales. “Tenemos que sentarnos a estudiar y determinar qué haremos con el camping, si bien de momento no contemplamos continuar explotándolo”, enfatizó el edil. No es por ello de extrañar que la empresa interprete estas palabras como un eufemismo que expresa la declaración de intenciones del Ayuntamiento de desmantelar las instalaciones.
Rodríguez ya atisba una apelación a la decisión institucional, si bien se muestra plenamente confiado en “hacer lo correcto en pos del interés general, para lo cual contamos con el aval de las distintas administraciones a través de sus informes”.
Por otra parte, al ser cuestionado sobre el hecho de que el POTAD recoja en el propio Parque Dunar una instalación hotelera, el edil ha señalado que la determinación de dar por finiquitada la concesión “no tiene nada que ver” con este hecho, por lo que recalca que la decisión se adopta “única y exclusivamente por la ristra de problemas de salubridad detectados”. Es más, el edil subraya que no le importaría que se continuase con esta actividad siempre y cuando “guarde una imagen digna que, entre otras cosas, no ponga en riesgo la salud de los usuarios”.
Mientras, el consejero de Protursa asegura desconocer la decisión institucional, si bien no mostró sorpresa alguna por la noticia, al entender que el objetivo primigenio del equipo de Gobierno es expulsarlos sin derecho a indemnización por los 26 años que aun les resta por la concesión administrativa. En este sentido alega que “los turistas de acampada parecen ser el patito feo del turismo y contra ellos se ha levantado una auténtica cruzada institucional”. A pesar de todo, el consejero de Protursa señala que no se van a quedar de brazos cruzados, por lo que pondrán toda la documentación en manos de su abogado para que interponga las alegaciones que consideren oportunas, a la vez que recordó que ya existe una densa jurisprudencia en este campo que vendría a respaldarlos. Respecto a las infracciones detectadas, Protursa dice que han presentado alegaciones a los informes de los inspectores y se han subsanado antes del verano.
Fuente original: Huelva información.
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